RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS PRODUCIDA POR EL COVID-19
Resulta indudable que, ante la gestión llevada a cabo por nuestros gobernantes frente a la crisis producida por el COVID-19, se puede y se debe exigir al Estado e incluso a ellos mismos, las responsabilidades (políticas, civiles, administrativas y penales) que eventualmente han causado un daño a particulares (hosteleros, autónomos, trabajadores inmersos en procesos de ERTE, etc…).
El fundamento de lo expuesto es el que las acciones u omisiones de las Administraciones publicas implicadas en la gestión de esta crisis pueden y de hecho están causando daños que les obliga a ser resarcidos con arreglo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
Sirva como ejemplo lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio que regula los Estado de Alarma el cual dice textualmente:
“Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en la Leyes”.
Es por tanto que, los sectores más afectados como por ejemplo pueda ser la hostelería, los cuales no pueden ejercer su actividad, sin ser foco de contagios de COVID-19, pues es mas se les ha exigido que realicen gastos extraordinarios en adoptar medidas de higiene para precisamente evitar contagios, se están enfrentando a unos perjuicios derivados de la extralimitación de los poderes públicos de lo previsto por la Ley del Estado de Alarma, que ha llevado al cierre y clausura de miles de establecimientos que lo único que a conseguido es arrastrar a los propietarios y empleados de los mismos a una ruina y un futuro incierto, sin que se hayan adoptado las medidas o ayudas compensatorias de los gastos multimillonarios a los que se han tenido que enfrentar y se enfrentarán en un futuro, siendo en este caso el Estado y nuestros gobernantes los únicos responsables ante los afectados por las decisiones adoptadas que les han llevado a tal situación, debiendo reclamar lo que a su Derecho les corresponde.
Artículo escrito por Felix López-Hueso y Bautista
PLATAFORMA AFECTADOS COVID-19 / MURCIA
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